Conectar recursos y calidad educativa: hacia un financiamiento justo

Para Agustín Claus, es hora de discutir la estructura y los mecanismos del financiamiento educativo. La construcción de políticas educativas redistributivas requiere contemplar "desde abajo" a las instituciones según sus necesidades, para luego avanzar "hacia arriba" en la política del gobierno educativo.

CRÉDITO: Activedia / Pixabay

Los factores explicativos que asocian recursos y condiciones institucionales con los resultados de trayectoria y/o aprendizaje de los estudiantes se encuentran en permanente discusión; estamos lejos de alcanzar un consenso. La magnitud del financiamiento y la asignación de los recursos en educación es una de las principales variables que determinan el desempeño de los estudiantes, aunque también es por lejos la dimensión menos problematizada en el campo de la política educativa.

¿Cómo se pueden diseñar mecanismos para la distribución y asignación de los recursos en educación con el objetivo de garantizar el aprendizaje de los estudiantes en condiciones de suficiencia y equidad? ¿Cómo el planeamiento educativo, en base a evidencia empírica, podría sustentar la asignación de recursos desde una perspectiva de justicia distributiva? ¿Cómo se podría mejorar la utilización de los recursos mediante prácticas de monitoreo y evaluación de las actividades que inciden en la mejora de los aprendizajes con calidad para todos los estudiantes?

Elevar (o al menos sostener) el nivel de la inversión en educación en el 6% del PIB, garantizada por las leyes de financiamiento educativo y educación nacional, constituye un prerrequisito para proteger la inversión y evitar desfinanciar al sector educativo en un contexto económico de restricción de recursos que desalienta la posibilidad de mejora de la inclusión y calidad educativa del país.

Elevar (o al menos sostener) el nivel de la inversión en educación en el 6% del PIB constituye un prerrequisito para proteger la inversión y evitar desfinanciar al sector educativo

Posicionar en la agenda pública la discusión sobre la estructura y los mecanismos del financiamiento educativo no consiente mayores dilaciones: hay que encararlo. Hace poco tiempo, luego de realizar una extensa exposición acerca del financiamiento en una conversación con colegas del sector educativo, un ex ministro de Educación, con muchos años en la gestión territorial, sintetizó toda mi argumentación con una máxima: “Discutir financiamiento educativo es hacer la política educativa, el resto es otra cuestiónˮ.

En la producción científica de economía de la educación confrontan dos esquemas de financiamiento contrapuestos para solventar la educación de la población. Por el lado de la oferta educativa, se establecen parámetros de diseño organizacional que regulan la cantidad de alumnos por sección/curso, se estipula la cantidad de perfiles del plantel docente asignadas a una planta orgánica funcional (POF) y se clasifica a las instituciones en categorías (1º, 2º y/o 3º) acordes al tamaño de alumnos y/o secciones. Es decir, los recursos se estipulan en función de precondiciones pedagógicas-institucionales, esgrimiendo mayores niveles de equidad, independientemente de la magnitud de los alumnos.

En contraposición, por el lado de la demanda educativa¸ los recursos se asignan bajo la lógica de mercado, mediante la cual los beneficiarios seleccionan el tipo de institución educativa y el Estado les asigna una determinada magnitud de fondos que les permiten financiar su derecho a la educación. En síntesis, esta lógica de financiamiento sustentada en la eficiencia promueve que las instituciones compitan para que las familias las seleccionen según sus preferencias individuales.

Posicionar en la agenda pública la discusión sobre la estructura y los mecanismos del financiamiento educativo no consiente mayores dilaciones: hay que encararlo

En la mayoría de los sistemas educativos de América Latina resulta preponderante el esquema de la oferta educativa como mecanismo del financiamiento educativo (Argentina incluida), con la excepción de Chile, que optó por el esquema de la demanda educativa desde la dictadura cívico-militar del general Pinochet, y que en los últimos años está intentando salirse de este mercado educativo.

Entre ambos extremos suele estar la realidad, compleja y llena de matices, que configura el escenario en el cual opera el financiamiento educativo. Descartada la estrategia de demanda, ¿cómo podríamos imprimir mayores niveles de complejidad al enfoque de la oferta? Para ello, ¿cómo se podría instrumentar un mecanismo que permitiera identificar (y contemplar) mayores necesidades materiales y simbólicas asociadas a los resultados de aprendizaje, trayectoria escolar y condiciones socioeconómicas del contexto escolar y del capital social y cultural de los estudiantes, de forma tal que permitiera redistribuir recursos con criterios de justicia educativa?

Planificar el financiamiento educativo que conecte recursos y calidad educativa es el desafío del siglo XXI para la educación. Las conceptualizaciones teóricas de la justicia social desarrollada por François Dubet (2011) y las nociones de reconocimiento y redistribución de Nancy Fraser (2006) tendientes a la consecución y construcción de políticas de Estado que contribuyan a la justicia educativa nos aportan un punto de partida teórico para plantear la discusión política.

Planificar el financiamiento educativo que conecte recursos y calidad educativa es el desafío del siglo XXI para la educación

Dubet sostiene la existencia actual de dos concepciones de la justicia social: por un lado, la igualdad de posiciones y, por otro lado, la igualdad de oportunidades. Ambos casos procuran reducir algunas inequidades, para volverlas si no justas, al menos aceptables.

La igualdad de posiciones se centra en los lugares que organizan la estructura social, es decir, en el conjunto de las posiciones ocupadas por los individuos y sujetos sociales. Igualar las posiciones en la estructura social supone reducir las brechas existentes entre las distintas posiciones.

En contraposición, la concepción de igualdad de oportunidades, con mayor circulación en los núcleos de política educativa, se centra en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar mejores posiciones, en función de principios meritocráticos en donde el ascenso de posición resulta siempre posible. En efecto, se procura mejorar las posiciones relativas de los sujetos por esfuerzo individual, y se rescinde la necesidad de modificar las posiciones en la estructura social.

Dubet sostiene la existencia actual de dos concepciones de la justicia social: por un lado, la igualdad de posiciones y, por otro lado, la igualdad de oportunidades

Desde la crítica política a la justicia social moderna, Fraser sostiene la necesidad de considerar dos dimensiones estructurales: el reconocimiento y la redistribución. Estas dimensiones ponen en tensión la conceptualización del reconocimiento cultural y social de los sujetos pedagógicos y cómo se desarrolla la distribución de los bienes materiales y simbólicos entre los distintos contextos socioeconómicos y/o territoriales.

Contemplar esta complejidad de dimensiones en la lógica del financiamiento educativo resultará la clave ante un nuevo impulso de adicionar recursos al sector. No alcanzará solo con incrementar la magnitud de los recursos: se requiere alcanzar un consenso que permita imprimirle matices al objetivo de los recursos en función de las metas de política educativa. Si Brasil, con una mayor escala y complejidad, avanzó en esta dirección ¿por qué la Argentina no podría?

Para avanzar en esta dirección, vincular el planeamiento y presupuesto resulta central para fortalecer la capacidad institucional del gobierno educativo bajo el enfoque de trazabilidad. Esta perspectiva comprende a los recursos educativos como categoría analítica impulsora de política educativa. Representa la lógica de construcción de las políticas educativas redistributivas, en donde se contempla “desde abajo” a las instituciones según sus realidades, necesidades y acciones específicas, para luego avanzar “hacia arriba” en la política del gobierno educativo, que tiene la obligación y la responsabilidad legal de velar por la equidad, calidad y justicia social del sistema educativo nacional.

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