Juan Carlos Tedesco: Desafíos pendientes de la educación argentina

En el primer aniversario del fallecimiento de Juan Carlos Tedesco (1944-2017), uno de los pedagogos más prestigiosos del país, compartimos uno de sus últimos textos, referido a los desafíos pendientes de la educación argentina.

Juan Carlos Tedesco (1944-2017) fue ministro de Educación de la Nación entre 2007 y 2009; antes había dirigido la Oficina Internacional de Educación de la Unesco.

POR JUAN CARLOS TEDESCO*

La experiencia argentina confirma que mejorar las condiciones materiales de vida de la población escolar y los insumos materiales del aprendizaje es condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad de la educación y para romper el determinismo social de los resultados de aprendizaje. Sostener y, eventualmente aumentar, los actuales niveles de financiamiento será, sin duda alguna, un desafío muy exigente. Además de sostener niveles adecuados de crecimiento económico, una de las condiciones para poder enfrentar con éxito dicho desafío será mostrar su impacto en los resultados educativos, particularmente en los sectores sociales más vulnerables.  […] Estos desafíos comprometen a todos los actores sociales y no sólo a los educadores. […]

Con respecto a la demanda, sería necesario acompañar el financiamiento destinado a mejorar las condiciones materiales de vida de los sectores más pobres con políticas que promuevan o fortalezcan su capacidad de traducir necesidades educativas en demandas más calificadas. La baja calidad de la demanda educativa no afecta sólo a los sectores más pobres sino que es un fenómeno más general y, en alguna medida, específico del caso argentino. Producir cambios culturales en este ámbito compromete a todos los actores sociales, particularmente a los medios de comunicación y al sector empresario. Ya se ha dicho en otras oportunidades que los empresarios, por ejemplo, deberían asumir que no pueden continuar con el doble discurso de reclamar una cultura del esfuerzo en el sistema educativo y, al mismo tiempo, financiar los programas de la televisión basura que impactan directamente en la socialización de las nuevas generaciones.

La baja calidad de la demanda educativa no afecta sólo a los sectores más pobres sino que es un fenómeno más general y, en alguna medida, específico del caso argentino

La clase política, por su parte, debería volver a colocar a la educación en un lugar prioritario de su agenda de discusiones, asumiendo que ella constituye un pilar fundamental del crecimiento económico con justicia social. Para ello, sin embargo, es necesario superar la paradoja de reclamar de la clase política un comportamiento que asuma perspectivas de largo plazo y, al mismo tiempo, exigirle resultados inmediatos, sobre los cuales se rige la adhesión electoral. La responsabilidad principal para superar esta lógica del comportamiento ciudadano recae en la propia clase política, y uno de los dispositivos para avanzar en esta línea podría girar alrededor de la definición de planes decenales de educación, aprobados por ley. En esa lógica, las políticas educativas asumirían el nivel de políticas de Estado. La Argentina hizo una buena experiencia con la Ley de Financiamiento Educativo, que definió no sólo una meta general sino metas específicas. Los contenidos de dicha norma hoy son obsoletos, ya que la meta del 6% del PBI para educación figura en la Ley Nacional de Educación y las metas específicas estuvieron fijadas para el año 2010. Una opción posible para avanzar en este proceso sería la elaboración de un plan decenal, con metas específicas y el financiamiento para cumplir con dichas metas, discutido y aprobado por el Parlamento.

El desafío con respecto a los sindicatos docentes consiste en superar la cultura del paro como única estrategia de lucha por mejores condiciones de trabajo, dado que impacta directamente en la calidad de la escuela pública estatal, y su rechazo a propuestas de profesionalización, de carrera docente y de mayor responsabilidad por los resultados.

Es necesario superar la paradoja de reclamar de la clase política un comportamiento que asuma perspectivas de largo plazo y, al mismo tiempo, exigirle resultados inmediatos

En términos de la oferta educativa, la hipótesis más divulgada y aplicada en las últimas décadas para lograr el cambio cultural necesario para que la inversión en insumos materiales se traduzca en mejoras de calidad y equidad consistió en sostener que la variable clave era modificar los patrones de organización institucional. Desde este punto de vista, en varios países y momentos recientes se definieron estrategias de acción basadas en dar mayor autonomía a las escuelas, instalar sistemas de evaluación de resultados –con su corolario en términos de tablas de posiciones–, tanto para los estudiantes como para los docentes, pagar por resultados y privatizar la gestión de las escuelas. El discurso del cambio institucional estuvo fuertemente asociado a los valores de eficiencia y eficacia, lo cual generó serias resistencias en los actores internos del sistema educativo, acusados de responsables por los malos resultados. El desafío en este punto es articular cambios institucionales con proyectos de justicia social. Desde esta perspectiva, no hay contradicción entre eficiencia y justicia social. Evaluar resultados para romper determinismos sociales es distinto a evaluar resultados para establecer rankings y competencia entre escuelas o entre docentes. Otorgar autonomía a las escuelas para promover guetos o respuestas curriculares particularistas es muy distinto a dar autonomía para definir procesos pertinentes en el logro de objetivos comunes.

La reforma institucional no se agota en el nivel macro de la administración educativa. Los análisis del nivel micro indican la necesidad de considerar cambios en el diseño de los establecimientos escolares. Esta necesidad adquiere su mayor nivel de relevancia en el caso de la escuela secundaria. En este ámbito, la incongruencia entre los desafíos y el diseño institucional es de una magnitud tal que obliga a considerar este tema como una urgencia de máxima prioridad. […]

No hay contradicción entre eficiencia y justicia social. Evaluar resultados para romper determinismos sociales es distinto a evaluar resultados para establecer rankings y competencia entre escuelas o entre docentes

La dimensión institucional suele ser analizada –y reformada– en los patrones formales de la organización y a través de regulaciones normativas. Sin duda, este aspecto es fundamental. Sin embargo, en el actual contexto argentino es posible postular que debemos prestar mucha atención a la existencia de grados diferentes, pero importantes, de anomia en el funcionamiento de las instituciones. El dato más elocuente al respecto es el peso que ha adquirido la personalidad de algunos actores claves (el director, algún docente o algún supervisor), para explicar las características del funcionamiento institucional. Con el mismo marco normativo, las instituciones funcionan –o no funcionan– de manera muy diferente según quiénes trabajen en ellas.

No se trata de negar, ni mucho menos, la importancia de los rasgos de personalidad de los actores del proceso educativo. Ya nos referimos a las “políticas de subjetividad” para incorporar estas variables a las políticas educativas, sobre todo desde el punto de vista de la formación de dichos actores (Tedesco, 2012). Pero cuando dichos rasgos o sus opuestos pueden estar presentes y su presencia es producto de la pura casualidad, es necesario considerar que el punto de partida para cualquier proceso de cambio institucional es diferente al que tendríamos si queremos cambiar un modelo institucional que funciona con normalidad.

En el actual contexto argentino debemos prestar mucha atención a la existencia de grados diferentes, pero importantes, de anomia en el funcionamiento de las instituciones

El cambio institucional en el marco de un proyecto político-educativo destinado a promover justicia social no puede subestimar la importancia de la variable pedagógica. Al respecto, como ya fue expuesto en otros trabajos, es necesario asumir la centralidad de algunos contenidos (alfabetización en lectoescritura, alfabetización digital, alfabetización científica) y la imprescindible renovación de los saberes y de los valores con los cuales los docentes ejercen su profesión. Sabemos que los futuros maestros y profesores no adquieren durante su formación inicial y en servicio las herramientas básicas para desempeñarse en los primeros grados de las escuelas primarias, donde se debe enseñar a leer y escribir, ni para trabajar en contextos específicos como los pueblos originarios, las escuelas rurales unidocentes, la extrema pobreza y muchos otros que existen en el país. No debe haber otra profesión donde exista tanta separación entre lo que se enseña en el período de formación y lo que luego se exige en el desempeño.

Asimismo, es necesario encarar con profundidad el cambio pedagógico en las universidades. En este nivel, los cambios institucionales ya fueron realizados hace tiempo y las instituciones gozan de autonomía para realizar los que se consideren pertinentes. Sin embargo, esos cambios no han estado asociados a mejoras en las estrategias de enseñanza. Cambiar las escalas de prestigio con las cuales operan los actores de la vida universitaria, donde la enseñanza en los primeros años goza de muy bajos niveles de consideración, es un desafío crucial para que el acceso a la universidad no se transforme en una experiencia de fracaso.

No debe haber otra profesión donde exista tanta separación entre lo que se enseña en el período de formación y lo que luego se exige en el desempeño

Por último, pero no menos importante, es necesario asumir el desafío de valorizar la escuela pública en el imaginario de la población. Los sectores medios y altos abandonaron la escuela pública a partir de la década de 1960. Lo nuevo es que el deterioro de su imagen está alcanzando a sectores de bajos recursos. Valorizar la escuela pública estatal también es un desafío cultural. Probablemente esto implique superar los altos niveles de anomia que se perciben en su funcionamiento pero, por sobre todas las cosas, mostrar que es capaz de lograr que los alumnos que asisten a ella logren aprender.

Todos estos desafíos interpelan a la actividad académica. La agenda de la política educativa compromete a la investigación. Es necesario conocer y explicar mejor algunos problemas para superar la debilidad teórica con la cual la pedagogía y las ciencias de la educación en su conjunto pretenden enfrentar los desafíos de la construcción de una sociedad más justa.

 

*Este texto pertenece a las conclusiones del libro La educación argentina hoy. La urgencia del largo plazo (Siglo XXI, 2015), compilado por Juan Carlos Tedesco. 

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